Update: 4/08/2025
La web económica Bolsamanía se ha hecho eco recientemente de una sentencia que reconoce la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora con síndrome de espalda fallida, en un caso defendido por Toro Abogados. La noticia, de alcance nacional, destaca cómo la justicia ha corregido la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que inicialmente solo había reconocido una incapacidad parcial.
La afectada, de 52 años y con profesión habitual de auxiliar de cocina, fue intervenida quirúrgicamente mediante artrodesis lumbar, una técnica empleada para aliviar el dolor mediante la fijación de vértebras. Sin embargo, lejos de mejorar, desarrolló un cuadro de dolor crónico persistente, que requería intervenciones periódicas en la Unidad del Dolor y tratamiento farmacológico continuado.
Pese a la gravedad del cuadro clínico, la Seguridad Social le concedió únicamente la incapacidad permanente total, es decir, la imposibilidad de volver a su profesión habitual, pero sin reconocer que su situación le impedía cualquier tipo de actividad laboral.
Una sentencia que da la razón al criterio médico real
El caso llegó a los tribunales y, tal como informa Bolsamanía, el Juzgado de lo Social de Madrid revocó la decisión administrativa y concedió la incapacidad permanente absoluta, lo que implica el derecho a una pensión del 100 % de la base reguladora.
La sentencia deja claro que la paciente “no está capacitada para realizar una actividad laboral por liviana que sea”, dado que el dolor es constante, no responde a tratamientos convencionales y requiere bloqueos mensuales que le impiden mantener una vida laboral regular. La resolución reconoce efectos económicos desde marzo de 2024, con una pensión mensual fijada en 1.023,88 €.
Un caso que refleja una realidad frecuente
Toro Abogados puso el foco en una problemática común en los procesos de incapacidad: el desajuste entre las valoraciones del INSS y la realidad funcional del paciente. Como ocurre con el síndrome de espalda fallida, muchas patologías con fuerte impacto físico y emocional no siempre reciben el tratamiento adecuado en sede administrativa, obligando a los afectados a acudir a la vía judicial.
Este tipo de situaciones ponen en valor el papel de los tribunales como correctores cuando las resoluciones administrativas no reflejan adecuadamente las limitaciones reales. Como ha señalado el juzgado, no se puede exigir a una persona con un dolor incapacitante que se reintegre al mercado laboral sin garantías, ni siquiera para tareas de baja exigencia física.
Defensa especializada ante la Seguridad Social
El caso que recoge Bolsamanía subraya también la importancia de contar con una defensa legal bien fundamentada. El equipo de Toro Abogados, con amplia experiencia en incapacidades laborales, se encargó de presentar los informes médicos adecuados, coordinar las pruebas y aportar una argumentación jurídica sólida que fue decisiva para obtener un fallo favorable.
A través de su intervención, el despacho no solo ha conseguido una pensión justa para su clienta, sino que también ha contribuido a visibilizar la complejidad del dolor crónico y la necesidad de que este sea valorado de forma rigurosa por las administraciones públicas.
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