Update: 15/10/2025
Toro Abogados consigue una sentencia favorable que reconoce la responsabilidad médica por falta de control y seguimiento oncológico. La familia del paciente será indemnizada con 74.718 euros.
El Juzgado de Primera Instancia nº54 de Barcelona ha condenado al Institut Català de la Salut (ICS) y a su aseguradora, Relyens Mutua de Seguros y Reaseguros, a indemnizar con 74.718,51 euros a los hijos de un hombre de 87 años fallecido en octubre de 2022 por metástasis derivada de un cáncer de próstata. La sentencia reconoce una pérdida de oportunidad asistencial y una infracción del deber de vigilancia médica, al haberse omitido durante años las pruebas de control que podrían haber detectado la progresión de la enfermedad.
Un alta médica prematura y la ausencia de controles de PSA
El paciente, vecino de Santa Coloma de Gramenet, fue intervenido en 2005 de un adenocarcinoma de próstata con un PSA inicial de 6,73 ng/ml. En 2013 se detectó una recidiva bioquímica y se le aplicó radioterapia, tras la cual mantuvo controles regulares hasta 2019. Aquel año, el Hospital Germans Trias i Pujol decidió darle el alta médica por la estabilidad del PSA (0,06 ng/ml) y su edad avanzada, pese a que las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología (EAU) establecen que el seguimiento mediante PSA debe ser indefinido en pacientes diagnosticados y tratados de cáncer.
Entre junio y julio de 2022, el hombre acudió en varias ocasiones a urgencias aquejado de fuertes dolores dorsales, que los médicos atribuyeron a problemas reumatológicos previos. No se solicitó ninguna prueba de despistaje oncológico hasta el 22 de septiembre, cuando una resonancia de columna dorsal reveló una lesión compatible con metástasis. En ese momento, el PSA era de 268 ng/ml, cien veces superior al último control registrado. Pocas semanas después, el paciente falleció.
La defensa jurídica y el reconocimiento judicial de la mala praxis
La familia del fallecido, representada por la abogada Alba Sánchez, de Toro Abogados, interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial por mala praxis médica contra la aseguradora del Servei Català de la Salut. En el proceso judicial fue determinante el informe pericial de un urólogo especializado, que acreditó la omisión del seguimiento clínico conforme a la lex artis y la falta de reacción diagnóstica ante una sintomatología progresiva compatible con metástasis ósea.
El magistrado consideró probado que no existía justificación médica para suspender los controles, ya que las guías de práctica clínica tanto de la Asociación Española de Urología como de la Sociedad Española de Oncología recomiendan mantener la vigilancia del PSA de forma continuada. La resolución concluye que el cese del seguimiento en 2019 fue “una ruptura prematura de la cadena de vigilancia” y que la inacción médica entre 2020 y 2022 supuso una pérdida de oportunidad de diagnóstico y tratamiento paliativo temprano, lo que afectó directamente a la calidad de vida del paciente en su fase final.
Un caso destacado también por la prensa nacional
El caso ha tenido repercusión mediática nacional, siendo recogido por el diario El País, que destacó en su edición del 7 de octubre de 2025 la trascendencia de la resolución y la defensa realizada por la abogada Alba Sánchez, de Toro Abogados.
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Un paso más en la defensa de los derechos de los pacientes
Para Toro Abogados, esta sentencia refuerza la importancia de la vigilancia médica continuada en pacientes con antecedentes oncológicos, incluso en edades avanzadas, cuando el control analítico puede ser clave para evitar el sufrimiento derivado de un diagnóstico tardío.
“El mantenimiento de la vigilancia del PSA no es una opción, sino una obligación médica en pacientes tratados de cáncer de próstata”, explica Alba Sánchez, abogada del caso. “Nuestra labor consiste en garantizar que los derechos de los pacientes y sus familias sean respetados, especialmente cuando se vulnera la lex artis y se produce un daño evitable”.
El fallo, que impone además el abono de intereses legales desde la interposición de la demanda, se suma a otras resoluciones favorables obtenidas por Toro Abogados en materia de responsabilidad médica y negligencias sanitarias, consolidando al despacho como un referente nacional en la defensa de los derechos de los pacientes frente a la administración y las aseguradoras sanitarias.
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